Después de cientos de años luchando contra los grandes males del ser humano todavía no hemos hecho suficiente para eliminar algunas de las lacras quizá menos vistosas pero más importantes a nivel mundial.
Nos referimos concretamente a la trata de personas, la conocida ‘esclavitud del siglo XXI’ que no es otra cosa que la explotación laboral o sexual de las personas sin su consentimiento habitualmente bajo amenazas y coacciones.
Según las Naciones Unidas, una definición más apurada sería la siguiente:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación
Si la trata o tráfico de personas ya es un atentado contra los derechos de las personas en tanto que vulnera el derecho a la libertad, integridad y dignidad, cuando el problema se refiere a la trata con menores de edad el impacto se multiplica por mil.
En este sentido, la trata de menores supone ‘una vulneración del derecho del niño a crecer en el seno de un entorno familiar’, tal y como determina UNICEF, además de traer consigo muchísimos problemas que sin duda afectarán al menor en el presente y en el futuro.
Según datos de UNICEF cada año son más de 1.2 millones los menores sometidos a este tipo de trabajos forzados en todo el mundo, y es que hasta los mismos padres engañados envían a sus hijos a otros lugares pensando que así les proporcionan una vida mejor y sin saber que, en realidad, van a pasar la peor situación de sus vidas.
Algunas de las ONGs que trabajan contra la trata de personas y menores son Capital Humano y Social Alternativo (una ONG peruana), la Ricky Martin Foundation, Amnistía Internacional, Save The Children, Acnur, La Cruz Roja española, Accem, Cáritas, Tierra de Hombres o Proyecto Esperanza, entre otras. Muchas de ellas forman parte de la Red Española contra la Trata de Personas.